| PUEBLOS ORIGINARIOS | TUCUMÁN – COLALAO DEL VALLE: UNA “JUSTICIA” RÁPIDA PARA UNOS POCOS
Por orden del juez de paz de Colalao del Valle Adolfo Salazar, y sin preaviso de ningún tipo, a las 8hs se presentaron en el predio 80 oficiales de infantería y montada de la policía para desalojar el lugar en donde permanecían 40 familias.
En contacto telefónico con una comunera que permanece en el lugar, denunciaron que la policía al sacarlos del lugar les rompió cosas, además de tratarlos con violencia. El juez de Paz de Adolfo Salazar, encabezó la medida, y si bien se había comprometido a cumplir con el aviso legal si la medida fuera a efectivizarse, la policía irrumpió en el terreno concretando el desalojo sorpresivamente en horas de la mañana, cerca de las 8hs.
La Corte Suprema de Justicia de la Provincia había decidido la suspensión del desalojo y el llamado a una mediación con los terratenientes que reclaman esas tierras, pero los mismos no se presentaron, por lo que la causa, plagada de irregularidades y cuyo juez incluso fue recusado por la Comunidad India Quilmes, volvió a activarse.
En este momento las familias permanecen en el lugar, junto con Eduardo Nieva, abogado representante de la CIQ, quien además es Cacique de la Comunidad Indígena de Amaicha del Valle.
Contactos en Colalao del Valle:
Viviana – CIQ
0381-155930226
Angela- CIQ
0381- 156327922
ANDHES- Daniel Carlorosi, Área Pueblos Originarios
0381-156425622
“La medida es totalmente arbitraria, infundada, ilegitima y desmedida, ya que vulnera una ley de orden publico, infringe los derechos de las comunidades indígenas reconocidos ”, indicó Daniel Carlorosi, de ANDHES. Denunciaron que cincuenta efectivos policiales de la unidad regional oeste se enfrentaron contra los miembros de la comunidad, en su mayoría mujeres. Producto del desalojo y sin fundamentos, la policía detuvo a dos personas de la CIQ. En este sentido, el abogado de la comunidad, Eduardo Nieva, confirmó que las dos personas ya fueron liberadas. REPRODUCIMOS COMUNICADOS DE PRENSA DE LA CIQ Y DE ANDHES.
COMUNIDAD INDIA QUILMES
PERSONERIA JURIDICA N° 441 RUTA NACIONAL N° 40 – KM 999
COMUNICADO DE PRENSA
A pesar de la vigencia de la Ley Nacional 26160 sobre ordenamiento territorial que ordena la suspensión de todo acto administrativo o judicial que tenga como objetivo desalojar a los pueblos originarios de su territorio por el termino de cuatro años, y que en nuestra provincia ya se esta haciendo el Relevamiento Territorial de nuestras tierras tradicionales, en el día de hoy se realizo en Colalao del Valle, el desalojo de cuarenta familias de la Comunidad India Quilmes, destruyéndose todas las construcciones que allí se encontraban.
La Comunidad India Quilmes denuncia públicamente la violación de la Ley 26.160 por parte de la justicia local en la persona del Juez de Paz de Colalao del Valle Adolfo Salazar y el Juez en Documentos y Locaciones de la 3era. Nom. Dr. Juan Carlos Peral, quienes en todo momento desconocieron la legislación vigente y las presentaciones realizadas por nuestra Comunidad, en el marco del amparo a la simple tenencia vulnerando nuestros derechos adquiridos.
Hacemos responsables a los funcionarios que intervinieron y llevaron adelante la misma, como al Estado Provincial por el incumplimiento de la normativa de aplicación a los Pueblos Indígenas y las consecuencias que ello traiga para nuestros comuneros en desmedro de sus derechos individuales y colectivos.
POR NUESTROS TITAQUINES
CACIQUE – CONSEJO DE DELEGADOS
Publicado por UPND en: http://www.uniondiaguita.blogspot.com/?zx=70e08416e7475a5–
Prensa y Comunicación
- UPND -
Desalojaron a 40 familias de la Comunidad India Quilmes
La medida se tomó a pesar de la vigencia de la Ley Nacional 26160 sobre ordenamiento territorial que ordena la suspensión de todo acto administrativo o judicial que tenga como objetivo desalojar a los Pueblos Originarios de su territorio por el termino de cuatro años hasta tanto se efectúe el relevamiento territorial -el cual se esta realizando actualmente en la provincia-. A pesar de esto, en la mañana de hoy se realizo en Colalao del Valle el desalojo de cuarenta familias de la Comunidad India Quilmes (CIQ), destruyéndose todas las construcciones que allí se encontraban.
Hace una semana, la Comunidad India Quilmes (CIQ) denunciaba que se reactivaba el peligro de desalojo contra las 40 familias integrantes de esa comunidad en la localidad de Colalao del Valle. Tal como lo previeron, en la mañana de hoy se efectivizó la medida.
“La medida es totalmente arbitraria, infundada, ilegitima y desmedida, ya que vulnera una ley de orden publico, infringe los derechos de las comunidades indígenas reconocidos en pactos internacionales, constitución nacional y provincial”, indicó Daniel Carlorosi, responsable del área de Pueblos Indígenas de andhes (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales)
En igual sentido, desde la organización de Derechos Humanos denunciaron que cincuenta efectivos policiales de la unidad regional oeste se enfrentaron contra los miembros de la comunidad, en su mayoría mujeres. Producto del desalojo y sin fundamentos, la policía detuvo a dos personas de la CIQ.
Esta medida fue articulada arteramente por el Juez de Paz de Colalao del Valle, Adolfo Salazar, quien a pesar de estar denunciado por la CIQ ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán sigue actuando y cometiendo distintos tipos de atropellos contra la comunidad.
Asimismo, es necesario destacar que la medida fue confirmada por el Juez en Documentos y Locaciones de la 3era. Nominación, Juan Carlos Peral, quien en todo momento desconoció la legislación vigente y las presentaciones realizadas por la Comunidad India Quilmes en el marco del amparo a la simple tenencia vulnerando los derechos adquiridos.
La medida de desalojo se encuentra apelada mediante un recurso de queja ante la Corte por inconstitucionalidad pendiente de resolución fundado, entre otras razones, en las arbitrariedades e imparcialidad que mostró el Juez de Paz en la tramitación del proceso.
“La medida de desalojo llevada adelante conlleva la responsabilidad del los funcionarios que intervinieron y llevaron adelante la misma, como también la responsabilidad internacional del Estado Provincial por el incumplimiento de la normativa de aplicación a los Pueblos Indígenas”, explicó Carlorosi. |
