En este año de elecciones nos encontramos con un gobierno K afianzado, al igual que el modelo económico. La “oposición” solo manifiesta desagrado por algunos aspectos políticos del gobierno – como las políticas de DDHH, salarios, precios, etc.- , pero sostiene el modelo económico general, siendo ambos representantes de los mismos sectores de la burguesía. La izquierda electoralista, dividida, con un discurso lavado”, busca cambiar las cosas desde alguna banca. En esta situación, los/as anarquistas debemos que tomar una posición frente a la farsa de la “democracia burguesa y sus libertades” y proponer una verdadera alternativa de cambio social.
El modelo económico de la década del ´90 entró en crisis en el año 1997, cuestionado por dos sectores: desde abajo, por el incipiente movimiento piquetero, y desde arriba, por un sector del empresariado que veía que perdía terreno frente a las importaciones (o que podría aprovechar mejor los precios internacionales a través de un dólar alto y un peso bajo). El conflicto interburgués tomó la forma de un programa de “dolarización” contra un programa de devaluación”, de la moneda.
En diciembre de 2001, ese cuestionamiento emergió como una crisis del modelo: por un lado, una rebelión popular contra la desocupación y miseria en los barrios; la rebelión contra el estado de sitio y la represión; el estallido de la bronca acumulada y la oposición a que el pueblo pagara los costos de la crisis y cambio del modelo. Por el otro, de la mano de Duhalde (jefe del aparato punteril del PJ bonaerense) y la represión, se impone el bloque que avalaba el programa de devaluación.
Corría el año 2002, y el 26 de junio, por medio de una salvaje represión (en la que cayeron los compañeros Darío y Maxi) se le puso un freno a la iniciativa del movimiento piquetero y popular, a la vez que el gobierno se vió forzado a cambiar el gabinete y a llamar a elecciones adelantadas para abril de 2003. Para esto, se vieron en la necesidad de impulsar a un candidato capaz de presentarse como una renovación que suscitara expectativa, contraponiéndolo a Menem, representante del anterior bloque pro-dolarización; ese iba a ser Néstor Kirchner.
Al asumir Kirchner, el 25 de mayo del mismo año, sin tocar el modelo que se fue prefigurando con Duhalde, se cambiaron las políticas de sostenimiento, buscando legitimarlo. Es así quedo se apropian de algunas de las reivindicaciones más sentidas por el pueblo: el repudio a la dictadura militar, con una valoración difusa de la militancia de los años ‘70 y la lucha por los DD.HH. (más declamativas que en los hechos), y de un proyecto “nacional” contrapuesto al neoliberalismo de la década pasada. A su vez se distanció de Duhalde, a fin de abroquelar sectores progresistas (transversalidad) que hasta aquel entonces tenían un proyecto propio; acercándose a sectores de la burocracia sindical que apuesta a un “pacto social”, en vez del entreguismo absoluto; y a intendentes y punteros.
En lo que respecta a los sectores en lucha del campo popular, llevó adelante una doble política: cooptación, por un lado, para ciertos sectores y, por el otro, acorralamiento a los movimientos que mantenían autonomía y niveles de confrontación, avanzando sobre las conquistas obtenidas en años anteriores, mediante el aislamiento, desgaste y la represión.
Llegamos a las elecciones legislativas de 2005 donde Kirchner logró legitimarse, como a su nuevo proyecto, y fortaleció su control de las distintas instancias de gobierno.
Es en este contexto que comienza el proceso de lucha salarial para recuperar el terreno perdido frente a la devaluación. A esto se le sumó el despegue del índice de inflación, lo que potenció el conflicto. Las incipientes luchas se encontraban fragmentadas y en muchos casos aisladas, cumpliendo la burocracia sindical el rol de firmar y mantener acuerdos dentro de los límites que el gobierno y la burguesía se apresuraron a fijar.
La inflación es mayor a la subida de precios por lo que, por más que se incremente el salario nominal, en términos reales, este se degrada, perdiendo poder adquisitivo. Además, el gobierno tiende a comprar dólares (por lo tanto emitir pesos) para mantenerlo en tres pesos y que los precios sigan siendo competitivos en el exterior, pero la emisión también dispara la inflación. De esta manera intenta compensar esta salida de pesos emitiendo bonos de deuda para absorber los pesos sobrantes, lo cual supone un problema a futuro, ya que tendrá que pagar intereses para cancelar esta deuda (que es por el valor de la mitad de las reservas).
La puja entre precios y salarios no fue controlada exitosamente por el gobierno en ninguno de los dos factores, por ello los precios se fueron de control, al igual que los conflictos con agropecuarios y productores de bienes y servicios de consumo masivo, a lo que respondió hacia 2006 con una política de subsidios que queda por ver si logrará enfriar esta puja. Por esta razón es que se van desarrollando conflictos con los distintos sectores que participan en la cadena de producción relacionados al consumo popular (carnes, verduras, lácteos, pan, etc.).
El intento de imponer un techo salarial a todos los sectores se ve impedido por los diferentes niveles de fuerza de éstos a la hora de negociar salarios en 2007. Hay que tener en cuenta, además, que alrededor de la mitad de los trabajadores y trabajadoras ocupadas no se encuentran encuadrados en ningún convenio, quedando sus salarios estancados o aumentando a un ritmo menor al marcado por el gobierno.
Paralelo a esto, la recuperación y el crecimiento económico, registrado desde el 2003, pone al límite de su capacidad la infraestructura. Esto se ve en la oferta insuficiente de energía (gas y electricidad) y de transportes de carga. Además, se está llegando al límite de la capacidad productiva instalada. Para atender una demanda interna creciente que no se satisface, y debido a que no se realizaron ni se realizan las inversiones necesarias, el gobierno aplica sanciones y retenciones a las exportaciones para que se vuelquen más bienes al mercado interno. Esto no solo no da resultado, sino que desalienta aún más las inversiones. Es el caso de la industria alimenticia, por ejemplo, donde el desabastecimiento de algunos productos es notable.
En lo que respecta a la deuda, el gobierno apuntó a patearla para adelante, buscando ganar un poco de oxígeno. Una vez fortalecido, apostó a imponer una quita a los privados y pagar íntegramente a los organismos, presentándolo como un logro de autonomía e independencia frente al capital financiero internacional que dejaba al país en mejores condiciones para negociar.
Si bien el gobierno de Kirchner sigue contando con el apoyo de los sectores más determinantes de las clases dominantes, a partir del rechazo de las políticas emprendidas en materia de salarios, precios, infraestructura, deuda, política social y discursiva, empiezan a reagruparse sectores insatisfechos. Claro está, que no falta una critica y discurso “republicano”, de “moral institucional”, y “seguridad”. Esta situación la capitaliza aquel sector del bloque dominante que cuestiona la instrumentalización de las políticas económicas y sociales del gobierno, en el marco de un modelo aceptado por ambos. De momento no se constituye en una alianza diferenciada y se ve incapacitada de disputar las elecciones nacionales.
A nivel nacional, el gobierno impulsa una política de concertación con las fuerzas políticas provinciales a conciencia de que, gane quien gane, y debido a la situación de vulnerabilidad por la posición de ahogo presupuestario y de gran consenso del gobierno, se verán imposibilitados a oponérsele o intentar algún esbozo de política independiente.
En la ciudad de Buenos Aires, Macri apunta a construir una base electoral a través de una “gestión exitosa”, “independiente” respecto del gobierno, y sobre el cuestionamiento de algunos aspectos de sus políticas. Se aprovecha para esto, de la despolitización de la sociedad y del desprestigio de la participación política, presentándose, al igual que Kirchner, como el “cambio”. Desde allí se plantea tratar de construir una oposición capaz de sostenerse a largo plazo. Ante el problema de la infraestructura impondría un tarifazo que el gobierno intenta retrasar o atenuar, haciendo recaer de manera repartida entre el empresariado y el pueblo; frente a la inflación la desregulación de precios, etc. A pesar de esto, no se percibe un resquebrajamiento del bloque dominante.
Frente a esta situación, el pueblo se muestra indiferente a las disputas al interior de la burguesía, o en mayor medida, reparte sus simpatías entre los dos grandes campos en que el gobierno ha logrado polarizar la disputa política: Kirchner vs. “la Derecha”. Sin embargo, esta antinomia oculta que ambos se están peleando por ser los legítimos defensores no sólo de la misma clase burguesa, sino de los mismas fracciones de clase.
Mucho puede decirse acerca del rol jugado por la izquierda, con nuestra incapacidad de construir alternativa de ruptura revolucionaria, para nosotros y nosotras de naturaleza Socialista y Libertaria, ante el gobierno y el sistema. Es así que la izquierda partidaria (marxista) no logra constituir alternativa revolucionaria alguna, ya que en muchos casos solo se dedica a apoyar determinadas luchas populares (muchas veces, de manera más declamativa que real), priorizando la organización de la estructura partidaria a la construcción de trincheras de la lucha popular. Pero peor aún, la participación en las elecciones, “disciplina” a los partidos que participan de las mismas, subordinando muchas veces sus políticas de masas a la lucha electoral, y adquiriendo en muchos casos compromisos con los sectores dominantes. De este modo,lo único que se logra es confundir, dividir y desanimar a los oprimidos y oprimidas, creando la impresión de que es imposible construir una real alternativa revolucionaria y de quiebre con el capitalismo y el Estado, legitimando a los partidos burgueses que se disputan el poder, y avalando al sistema capitalista y su ficción democrática.
Por esta razón, desde Red Libertaria, y frente a las elecciones presidenciales, legislativas, etc. de octubre, nos parece necesario expresar nuestro rechazo a las mismas. Las rechazamos porque, como dijéramos ya varias veces en estas páginas [1], resulta imposible generar una alternativa revolucionaria por medio de la delegación y la participación en el Estado, siempre instrumento de opresión y dominación. Pero, desde nuestra perspectiva, la abstención electoral no es en sí misma un arma de lucha contra el sistema. El rechazo de las elecciones debe ir acompañado por el reforzamiento de nuestras labores de organización y lucha popular. Por eso intentamos repetir la experiencia de años anteriores, impulsando una Campaña Antielectoral Anarquista, bregando por al abstención electoral y la organización popular, ayudando a generar de este modo una alternativa de quiebre revolucionario, por el Socialismo y la Libertad.
[1]Ver por ejemplo “Elecciones: la libertad ilusoria”, en Hijos del Pueblo número 7, mayo – junio 2007
